Trazas de puntos rojos que avanzan o se detienen sobre la cartografía. Así se ve el movimiento de los en torno a 2.000 barcos pesqueros que se monitorizan en las pantallas del Centro de Seguimiento de Pesca (CSP), elemento nuclear del sistema de control e inspección pesquero español y crítico también en la operativa de diferentes cuerpos de emergencias y salvamento, así como al cuerpo de aduanas.

Los medios han podido conocer de cerca el funcionamiento del CSP, operativo desde 1995, por iniciativa de la flota atunera agrupada en OPAGAC, impulsora de la norma AENOR Atún de Pesca Responsable (APR), que ha hecho del control uno de los pilares de la actividad pesquera sostenible, junto al respeto medioambiental y la garantía de las mejores condiciones laborales.

Con un equipo de una veintena de personas -entre operadores e inspectores-, el CSP monitoriza a los buques pesqueros a través del intercambio periódico de mensajes vía satélite que incluyen datos de posición, velocidad y rumbo, lo que permite saber en qué zona se encuentra navegando o pescando y, en ese último caso, si cuenta con las autorizaciones necesarias para ello. Desde el CSP se levantan, anualmente, unas 100 actas de vigilancia en base a situacions identificadas solo con datos de localización.

El intercambio de información es posible gracias a las conocidas como cajas azules o VMS (Vessel Monitoring System) y, de hecho, en el CSP cuentan con una colección de las diferentes generaciones de este dispositivo de fabricantes como Satlink o Zunibal.

Esta información se contrasta, además, con la información relativa a las capturas que los barcos están obligados a proporcionar a través del diario electrónico de a bordo (DEA) y próximamente se explotará con tecnología big data para abrir nuevas posibilidades de análisis, tal y como adelantó durante el encuentro con los periodistas el director general de Ordenación Pesquera de la Secretaria General de Pesca del MAPAMA, José Luis González Serrano.

Por su parte, el director gerente de OPAGAC, Julio Morón, recordó el estricto control al que está sometida la flota atunera de cerco española, incluyendo los buques con bandera nacional como los que enarbolan las de un tercer país y volvió a exigir a la UE que todas las capturas de atún tropical que se comercializan dentro de la UE procedan de flotas que desarrollen una actividad pesquera sostenible, tanto desde una perspectiva medioambiental como socio-laboral, y que estén sometidas al mismo nivel del control.