La Confederación Española de Pesca (Cepesca) ha agrupado sus valores y pautas de conducta en su ‘Código Ético y de Buen Gobierno’, que refleja su compromiso efectivo con la promoción, desarrollo e incentivo de prácticas que cumplan tanto con la legalidad vigente, como con los principios éticos y de buen gobierno que el mismo Código recoge.

Así, entre los valores y pautas de conductas que se recogen en el código destacan la integridad y responsabilidad institucional, la transparencia, la honestidad, la lealtad y el estricto cumplimiento del marco normativo, local, nacional e internacional.

Respecto a las pautas de conducta y en línea con los 10 Principios del objetivo de una gestión ética del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, en el Código se recoge el firme compromiso de Cepesca con la promoción de relaciones laborales justas en el ámbito pesquero, la prevención de la corrupción pública y privada, el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de seguridad social, la protección del medio ambiente y los recursos marinos, la sostenibilidad de la actividad pesquera, así como la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca INDNR o pesca IUU, por sus siglas en inglés).

En materia de gobernanza, el Código recoge 15 Principios rectores que contemplan, entre otros, las responsabilidades y obligaciones a los que está sujeta su Junta Directiva, que evitará, al igual que Cepesca y sus asociados, cualquier situación que pueda suponer un conflicto de intereses.

El Código también establece las medidas para prevenir, detectar, reaccionar y remediar cualquier conducta irregular, especialmente en caso de que esta pudiera resultar en la comisión de un delito. En este sentido, los sujetos del Código suscribirán obligatoriamente un Documento de Adhesión y Aceptación del Código; y la aprobación del Código supone, además, la puesta en marcha de un ‘Comité Ético y de Cumplimiento’, encargado de velar por su conocimiento y cumplimiento efectivos

Un estudio realizado por Eucobat, asociación a la que pertenece Ecopilas, evidencia que el objetivo obligatorio de recogida establecido por la UE para las pilas no es coherente ni realista, al basarse en la cantidad de baterías comercializadas, en lugar de en las desechadas.

La Directiva Europea regula la gestión de estos residuos fija un índice mínimo de recogida anual, calculado sobre las pilas puestas en el mercado en los tres años anteriores. Así, desde 2016, éste se sitúa en el 45% de las pilas puestas en el mercado en los tres últimos años, aumentando al 50% en 2020.

Según Ecopilas, este objetivo debe basarse en la cantidad de residuos disponibles para su recogida, dado que la mayoría de las pilas y baterías comercializadas en Europa no son desechadas en un plazo de tres años, a partir de la fecha en que se pusieron en el mercado. Así lo demuestra el análisis, realizado por Eucobat y en el que ha participado Ecopilas, del impacto de la vida útil de distintos tipos de baterías en el volumen de recogida, a partir del seguimiento de 154.000 pilas en España, Francia, Bélgica, Holanda, Alemania y Rumanía, responsables del 53% de las comercializadas en la UE.

Según se desprende del estudio, la edad media de una batería es de, aproximadamente, 5,2 años en el mercado comunitario y de 4,9 en nuestro país, por lo que Ecopilas solicita a la Comisión Europea establecer un nuevo criterio de cálculo coherente con la realidad de este mercado.

La Confederación Española de Pesca (Cepesca) ha puesto en marcha el proyecto ‘PesConect: Conectando ciencia y pesca para una gestión sostenible de los recursos marinos’, para crear la primera red de trabajo nacional que genere, comparta y analice información ambiental científica y socioeconómica del medio marino y que permita también transferir conocimiento sobre I+D+i aplicada a la pesca sostenible.

El proyecto se estructura en dos grandes líneas de trabajo. La primera contempla la realización de cuatro seminarios científico-técnicos dirigidos al sector pesquero, la Administración y la comunidad científica, que se desarrollarán en Madrid y diferentes zonas costeras. Estos seminarios tienen como objetivo introducir al sector en las nociones básicas sobre los fundamentos de la investigación científica aplicada a la pesca, el “a-b-c” de la ciencia pesquera.

La segunda línea de actuación contempla el desarrollo de un proyecto piloto para la mejora de la sistemática de recogida de datos, con el objetivo de optimizar la metodología científica a la que el sector pesquero ya contribuye desde hace años. Además, para mejorar la actividad pesquera que se realiza en espacios de la Red Natura 2000, se recopilarán también datos de by-catch o captura acompañante.

Según la responsable de Proyectos e Innovación, Nadia Moalla, “PesConect contribuirá a la creación de una red de trabajo estatal para la transferencia de resultados y la mejora de la gestión pesquera a través de análisis y generación de información ambiental, científica y socioeconómica del medio marino”.

Ecopilas ha repartido 12.400 recopiladores domésticos para pilas usadas entre los hogares españoles desde la puesta en marcha, el pasado junio, de la campaña ‘Adopta un recopilador’. Con esta iniciativa, la fundación medioambiental trata de concienciar a los ciudadanos de la importancia de depositar estos residuos en los contenedores adecuados para facilitar así su reciclaje.

A través de un formulario disponible en su web, los usuarios pueden solicitar el envío gratuito de un recopilador a su domicilio. Asimismo, disponen de un mapa en el que consultar el contenedor más cercano a su domicilio, con tan solo introducir su código postal. Actualmente, la fundación cuenta con la red de puntos de recogida más amplia de nuestro país, con más de 37.000 contenedores desplegados en establecimientos comerciales, grandes superficies, empresas y edificios públicos.

Por comunidades autónomas, los andaluces son los que más recopiladores han solicitado, con un 19% del total repartido, seguidos de los madrileños (16%), valencianos (11,3%) y catalanes (10,6%).

Desde el inicio de su actividad en 2008, Ecopilas ha repartido 2,7 millones de recopiladores domésticos, fundamentalmente, con motivo de su participación en eventos deportivos, tanto amateurs como profesionales, en los que lleva a cabo campañas de información y recogida. Solamente a través de la campaña ‘Adopta un recopilador’, la fundación prevé repartir más de 25.000 recopiladores en 2019.

Cinco stocks de atún tropical de los que pesca la flota atunera española, de un total de 12, cumplen los estándares de sostenibilidad necesarios para solicitar la certificación MSC (Marine Stewardship Council), concretamente, el rabil, el listado y el patudo del Pacífico Centro-Occidental, y el rabil y el listado del Pacífico Oriental. Estos cinco stocks representan el 30% de las 380.000 toneladas pescadas anualmente por nuestra flota y el 3% del total de la captura mundial de túnidos tropicales.

La certificación MSC garantiza productos procedentes de stocks en buen estado y capturados con una actividad pesquera con mínimo impacto ambiental y un control exhaustivo de la misma. El objetivo de la flota es reunir las condiciones necesarias para que los 12 stocks de túnidos tropicales que captura puedan entrar en proceso de certificación en 2021.

Este es el resultado del segundo año de actividad del Proyecto de Mejora de Pesquería (FIP, por sus siglas en inglés) que la flota atunera española, agrupada en la Org Asociados de Grandes Atuneros Congeladores (OPAGAC), desarrolla con WWF desde 2016.

El FIP ha utilizado los baremos de MSC para medir su eficacia, superando las expectativas en las cuatro Organizaciones Regionales de Pesca (ORP) -IATTC, WCPFC, IOTC e ICCAT - en las que operan los 47 barcos de OPAGAC.

Según Julio Morón, director gerente de OPAGAC, “nuestro FIP lidera el camino para las pesquerías atuneras de cerco en proceso de certificación MSC, al ser la iniciativa de este tipo más completa del mundo ya que incluye las tres especies objetivo de esta pesquería en el Atlántico, Índico y Pacífico”. “La sostenibilidad”, -continúa Morón-, “debe ser una prioridad en la agenda de cualquier flota y las alianzas con otras organizaciones con un FIP en marcha son un medio excelente para lograr un diálogo más constructivo en las ORP e involucrar a los gobiernos, a la cadena comercial y a los consumidores”.

Pese al buen progreso de este FIP, OPAGAC y WWF coinciden en señalar que aún existen problemas de gobernanza internacional que dificultan la gestión sostenible a largo plazo de las poblaciones pesqueras de atunes tropicales y, en especial, la recuperación de los stocks sobrexplotados, como el patudo del Atlántico.

La Confederación Española de Pesca (CEPESCA) ha decidido personarse como acusación popular en la causa abierta tras la “Operación Tarantelo” de la Guardia Civil, que ha dejado al descubierto una presunta trama dedicada al comercio ilegal de atún rojo, con más de 79 detenidos hasta ahora y la incautación de 80.000 kilos de esta especie.

Cepesca ha tomado esta decisión al considerar que la gravedad de los hechos y las conductas, de los que ha tenido conocimiento a través de los medios de comunicación, afectan directamente al sector pesquero y  a los objetivos fundacionales de la patronal como promover el desarrollo de una pesca sostenible y responsable, así como la lucha contra la pesca ilegal.

Cepesca ha argumentado en su escrito de personación, que, de confirmarse los hechos aparecidos en los medios de comunicación, tales como la introducción en el mercado de atún rojo ilegal, en mal estado, el uso de aditivos y colorantes para hacer pasar por atún rojo otros túnidos pertenecientes a otras especies o la falsificación documental, también se atenta contra los propios consumidores.

Igualmente, Cepesca considera que el hecho de que se haya personado el propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en la causa, constituye un indicio claro de la gravedad de estos hechos. La patronal pesquera ha utilizado los servicios jurídicos de Islaw Abogados.

Toshiba Tec en España presentará en Enomaq 2019 (Salón Internacional de Maquinaria y Equipos para Bodegas y del Embotellado) la única solución integral de etiquetado del mercado para el sector vitivinícola, con independencia del tamaño del negocio. La compañía ocupará el stand A 3-5 en el pabellón 5 en este salón que se celebrará en Zaragoza del 26 de febrero al 1 de marzo.

Toshiba lanzó esta solución en 2018 tras detectar, mediante un estudio desarrollado entre 300 bodegas de nuestro país, el elevado coste asociado a un etiquetado deficiente que, de media, supone hasta un 4% de su facturación anual. En este mismo estudio, el 80% de las bodegas achacan estas deficiencias a la ausencia de procedimientos automatizados, lo que impacta, según ellas, en una gestión incorrecta del inventario (60%) y en retrasos en el envío a distribuidores y a la cadena comercial (40%).

La solución de Toshiba incluye tanto dispositivos de impresión como software y abarca todos los procesos de la actividad vitivinícola, desde el control y mantenimiento de la viña y la trazabilidad de la uva, hasta la identificación de las muestras en el laboratorio y la optimización del embotellado y la comercialización, en aspectos tales, como cumplimiento de las normativas de exportación o personalización de los envíos, en el caso del comercio electrónico.

Según Toshiba, la automatización del etiquetado en este sector se traduce en una reducción de los errores del 98% en esta actividad y en un aumento de la productividad de un 30%. En este sentido, cabe señalar que la compañía japonesa prevé ampliar su mercado al sector de bebidas y envasado de aceite en 2019.

Entre las soluciones que la compañía mostrará en Enomaq 2019, se encuentran el aplicador automático de etiquetas APLEX4, las impresoras portátiles B-FP3 y B-EP, las impresoras de doble cara para e-commerce DB-EA4D, que permiten incluir en una misma etiqueta los datos de envío y el albarán; la solución Form & Label y, por último, una gama de etiquetas adhesivas RFID

El sector pesquero ha vuelto a defender en Bruselas la pesca sostenible de la pesquería de tiburón y lamenta el apoyo del Consejo a la propuesta realizada por Méjico para incluir al tiburón marrajo dientuso (Ixurus Oxirhinchus) en el Apéndice II de CITES. El sector lamenta que este apoyo se haya materializado sin consultar a los pescadores y sin siquiera esperar a las recomendaciones del panel de expertos de la FAO y por ello ha solicitado en Bruselas la retirada del apoyo a la propuesta de Méjico.

Así lo ha manifestado Javier Garat quien también ha expuesto que la inclusión del tiburón marrajo dientuso en el Apéndice II de CITES (que enumera especies que no están necesariamente en peligro de extinción, pero que pueden llegar a estarlo a menos que el comercio esté estrechamente controlado), carece de sentido ya que su evaluación y control ya lo realizan las distintas Organizaciones Regionales de la Pesca (ORP) con competencia en los diferentes océanos (ICCAT, IOTC, IATTC y WCPFP), así como los gobiernos de los países con flotas dedicadas a esta pesquería.

Según Javier Garat, “aunque reconocemos el papel que desempeña CITES para prevenir el comercio ilegal, estamos convencidos de que las ORP y los gobiernos están mejor preparados para monitorizar el estado y progreso de especies marinas migratorias, como las poblaciones de tiburones, y para regular estas pesquerías de forma sostenible”

Una limitación comercial tendría un impacto económico grave en la flota de palangre de superficie comunitaria. En España, esta flota desembarcó 3.000 y 2.000 toneladas de marrajo dientuso en 2017 y 2016, con un valor de 10 y 8 millones de euros, respectivamente. Estos perjuicios se sumarían a los ya ocasionados por la aplicación en la UE de la política de aletas adheridas, que ha provocado en los últimos cinco años la desaparición de 20 buques palangreros y han incrementado el coste de los restantes en 33.000 € por buque y marea. Cabe destacar, además, la práctica inexistencia de comercio ilegal de esta especie. Según los datos de comercio de esta especie en España, menos de un 1% de las importaciones se han rechazado por sospechas de comercio ilegal.

Gracias al reciclaje de 320.000 pilas, las que la fundación Ecopilas recoge al día en nuestro país, se evita la extracción de 1,5 y 2 toneladas de hierro y zinc, respectivamente, o lo que es lo mismo, 548 toneladas de hierro y 730 de zinc al año. Cifras como esta demuestran que la minería urbana, o como se conoce la recuperación de las materias primas reaprovechables contenidas en aparatos electrónicos o pilas en desuso mediante su reciclaje, es una realidad.

Con estas cifras, provenientes de un análisis realizado por Ecopilas y Recypilas, la fundación recordó el 9 de septiembre, Día Europeo del Reciclaje de Pilas, la importancia de la recogida selectiva y el correcto tratamiento de estos residuos para reaprovechar el máximo de materias primas.

Según este análisis, el reciclaje de una pila alcalina/salina, la de uso más común en los hogares, permite recuperar unos 17 g de materiales, en su mayoría metales, de los cuales 5 g son de hierro y 6 g de zinc, además de cobre o manganeso, en menor cantidad.

Promovido por Eucobat, asociación que agrupa a los principales sistemas colectivos de recogida de pilas de Europa, y liderado en nuestro país por Ecopilas, el Día Europeo del Reciclaje de Pilas acercó los puntos recogida a los ciudadanos. En nuestro país, Ecopilas ubicó contenedores en la línea de salida y meta de la etapa reina de la Vuelta a España entre Corvera de Asturias y el Alto de L’Angliru. Además, Chris Froome, ganador de la competición, depositó unas pilas usadas en un recopilador Ecopilas, difundiendo así la importancia del reciclaje de este tipo de residuos.

Los sistemas colectivos siguen demostrando ser el modelo de gestión de residuos más eficaz para responder a los grandes retos que plantea el desarrollo sostenible. Así lo demuestran, un ejercicio más, los resultados de Recyclia, que, como ya es habitual, reunió a la prensa para dar a conocer las cifras que la consolidan como la principal plataforma medioambiental de reciclaje de residuos electrónicos y pilas de nuestro país.