Javier Garat, secretario general de CEPESCA ha expuesto la preocupación del sector pesquero español sobre el peso que tienen los acuerdos políticos frente a las decisiones basadas en datos científicos a la hora de crear zonas cerradas de pesca. Según Garat, el sector pesquero de nuestro país ve positivamente la creación de las Áreas Marinas Protegidas (AMP), pero siempre que sean una opción más, y no la única, para gestionar la pesca.
Javier Garat, que ha participado en una conferencia organizada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y “Global Environment Facility” (GEF), ha recordado las importantes mejoras que se han producido en la gestión de la pesca en alta mar en los últimos diez años, gracias al cumplimiento las Resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas y al compromiso y esfuerzo de los sectores pesqueros responsables.
Igualmente, ha recordado, ante este foro, la implicación en este logro de España, así como el importante papel desempeñado por las Organizaciones Regionales de Pesca (ORPs). Para Garat “los problemas, cuando existen, son generados por la falta de deseo de adoptar determinadas medidas de gestión o por la imposibilidad de alcanzar el consenso”. A este respecto, puso como ejemplo, las propuestas de aletas adheridas de los tiburones, que automáticamente han sido siempre rechazadas por los países asiáticos.
Garat ha recordado las mejoras producidas en el estado de los diferentes stocks en los últimos años. Así, ha puesto de manifiesto el buen estado de la mayoría de poblaciones de túnidos tropicales o los esfuerzos realizados para proteger los ecosistemas marinos vulnerables en organizaciones como NEAFC (North East Atlantic Fisheries Commission) o NAFO (Northwest Atlantic Fisheries Organization).
Por lo que se refiere a la lucha contra la pesca ilegal, Garat ha apostado por la identificación de los buques legales, solicitando a los Estados que requieran a los buques que faenan en alta mar el número de la Organización Marítima Internacional (OMI). Igualmente, ha mostrado el apoyo a la creación del Registro Global de Buques de la FAO (también apoyado por España) y ha recordado las medidas que ha puesto en marcha el gobierno español para luchar contra la pesca ilegal y las del propio sector: vigilancia co-participativa, obligación de llevar observadores a bordo, incorporación del observador electrónico o el desarrollo de la “Iniciativa Transparencia Atunera.
Por último, Javier Garat ha hecho referencia a la incoherencia que existe en la posición de la Comisión Europea con relación a la gestión de las especies de aguas profundas. Garat ha recordado que, por un lado, apoya las medidas que se aprueban en NAFO o NEAFC para proteger los ecosistemas marinos vulnerables (congelación de la huella de arrastre, cartografiado y cierre de determinadas zonas vulnerables o reglas de movimiento) y, por otro, propone prohibir la pesca de arrastre y enmalle de profundidad.
En este sentido, ha recordado el extraordinario trabajo científico realizado por España en el cartografiado de más de 135.000 kilómetros cuadrados de fondos marinos para la detección de ecosistemas marinos vulnerables, dando lugar al cierre de más de 30 zonas diferentes para la pesca de fondo.