La compañía tarraconense cree que la proposición no de ley y la moción presentadas en el Congreso y Senado por Coalición Canaria pretenden aprovechar el momento político y se basan en información parcial y sin rigor. Frente a estas, las fuerzas políticas catalanas defenderán los derechos de todas las pesquerías españolas de atún rojo que han desarrollado su actividad cumpliendo escrupulosamente las normas y restricciones que supuso el plan de recuperación de ICCAT de 2006. 

Grup Balfegó califica de descabelladas las reclamaciones y presiones reiteradas que vienen haciendo las flotas canarias para modificar el reparto de cuota de atún rojo en nuestro país. Además, cree que la proposición no de ley y la moción, recién presentadas por Coalición Canaria en el Congreso y Senado, respectivamente, solicitando esta revisión, sólo quiere aprovechar el momento político, y está basada en información parcial y sin rigor.

Además, Balfegó recuerda el desinterés de estas flotas del Archipiélago por esta pesquería hasta hace pocos años, y cree que el interés actual está fundamentado en los elevados precios de venta de los ejemplares, debido a la reducción de capturas establecida en el plan de recuperación de esta especie. A este respecto, Balfegó recuerda que las flotas que históricamente sí se han dedicado a esta pesquería tuvieron que asumir un notable esfuerzo de reestructuración para hacer frente a aquella situación y, por lo tanto, deben de ser ahora las beneficiarias de los frutos de su esfuerzo.

En este mismo sentido también se posiciona la Organización de Productores Pesqueros nº 75, de la que forman parte cuatro barcos cerqueros de L’Ametlla de Mar. Además, para esta OPP, esta reclamación compromete la gestión sostenible y responsable realizada hasta ahora en esta pesca.

Según Juan José Navarro, miembro de esta OPP, “los derechos de pesca de atún rojo se encuentran distribuidos entre buques desde 2008 en España. La expropiación de derechos para entregarlos a otros particulares sería una actividad ilegal e ilícita que no puede tener lugar en un estado de derecho. Cualquiera que quiera desarrollar la pesca del atún rojo, como otras muchas actividades en los que la licencia es necesaria, debe adquirir una que habilite su ejercicio. No vemos a nadie defendiendo que se quiten a determinadas personas licencias de taxis, estancos o farmacias, para concedérselas a otros. Es injustificable.”

Partidos políticos catalanes dispuestos a reaccionar
Tras la proposición no de ley y moción presentada en Congreso y Senado, las fuerzas políticas catalanas han mostrado su predisposición a defender los derechos y la seguridad jurídica de todas las pesquerías españolas que han desarrollado la pesca del atún rojo ateniéndose a la legalidad y cumpliendo escrupulosamente las normas y restricciones que supuso el plan de recuperación de ICCAT. Para ello, representantes de los partidos políticos han contactado con Grup Balfegó y la OPP de L’Ametlla de Mar para sopesar la situación y actuar en consecuencia en los debates de ambas propuestas.

Según Balfegó, las peticiones actuales sólo tienen como objetivo beneficiarse de la situación favorable en la se encuentra ahora la especie, tras el éxito del plan de recuperación. El actual sistema de reparto se instauró en 2008, tras la entrada en vigor del plan de recuperación de ICCAT, y resulta paradójico, puntualiza Balfegó, que no haya sido hasta 2014 cuando la flota canaria haya reclamado disponer de más cuota, precisamente en el momento en que ICCAT aumentó el TAC (Total Capturas Admitidas), por primera vez tras ocho años, y cuando se prevé un aumento constante y gradual de cara a los próximos años.

Balfegó apunta que desde 2007, sólo las flotas que históricamente se han dedicado a la pesca de atún rojo han soportado, en exclusiva, el duro plan de ajuste y las reducciones drásticas de cuotas y flotas que este exigía, mientras que los pescadores canarios han quedado al margen, desarrollando las pesquerías habituales, sin sufrir limitaciones algunas.

Falta de rigor
En cuanto a la falta de fundamentos de estas reclamaciones, Balfegó recuerda que el sistema de reparto fijado en 2008 se estableció siguiendo criterios claros, objetivos y transparentes, tal y como estipula la normativa española y el reglamento europeo sobre cuotas de pesca, y se basó en la documentación presentada por las flotas (notas de primera venta) que acreditaba la actividad pesquera histórica con esta especie.

La compañía afirma que, en aquel proceso, la flota canaria no pudo aportar documentación alguna que acreditase haber pescado y comercializado esta especie, a pesar de lo cual consiguió una asignación del 1,21% del total. También recuerda que, posteriormente, estas flotas han ido consiguiendo cuotas extra del fondo de maniobra, como ocurrió el año pasado, aun sabiendo que la finalidad de dicho fondo no debería ser ese y debería ser distribuido proporcionalmente entre todos los pescadores profesionales con licencia en caso de no ser consumido en capturas fortuitas o accidentales.

En este sentido, Balfegó recuerda que cambiar el actual sistema de reparto supondría un ataque al principio de seguridad jurídica y a la propiedad privada, que rige un Estado de Derecho como España. Esto dejaría indefensas a las pesquerías que durante estos años han desarrollado planes empresariales que incluyen importantes inversiones y compromisos contractuales basándose en los derechos de pesca reconocidos por la actual legislación.